Mientras se está por cumplir un nuevo aniversario del hallazgo sin vida del fiscal especial Alberto Nisman en su departamento, una causa judicial derivada de la investigación por su muerte también está a punto de llegar a su quinto año sin movimiento alguno. Se trata del expediente por presunto lavado de dinero que involucra al fiscal, a su hermana Sandra, a su madre Sara Garfunkel y al informático Diego Lagomarsino tras haberse detectado una cuenta bancaria en los Estados Unidos con acreditaciones sospechosas que nunca fueron clarificadas. Pero ante esta situación, la propia Cámara Federal, en una decisión del 6 de diciembre que pasó desapercibida, exhortó al juez Claudio Bonadio a que deje de “pisar” la causa y avance lo más rápido posible en una definición.
Abierta desde 2015, el expediente podría ser un elemento revelador respecto a cuál era la situación financiera del extitular de la UFI AMIA al momento de su muerte. Hasta el momento, a nadie le pareció relevante indagar en los movimientos de dinero que fueron informados por autoridades extranjeras como irregulares.

En paralelo, hubo una serie de planteos contra el avance de este tramo de la pesquisa que fueron interpuestos por las defensas y que escalaron a la Corte Suprema, con el objetivo de cuestionar las imputaciones generadas a partir de un informe de la FINCEN de los Estados Unidos que confirmó la existencia de la cuenta en el Merrill Lynch donde había depósitos por u$s666 mil, cuyo origen fue reportado como sospechoso y obligó a la apertura de una investigación por parte de las autoridades norteamericanas.

Sin embargo, el martes, uno de los recursos de queja que estaban en manos de la secretaría penal de la Corte, comenzó a girar para su análisis a pedido de la vocalía de la jueza Elena Highton de Nolasco. El movimiento fue sugestivo: antes de la feria judicial, todas las vocalías devuelven los expedientes que estén recorriendo despachos para que queden centralizados en las secretarías especializadas. En este caso, ocurrió a la inversa y en pleno receso. Se trata de uno de los recursos de apelación del paquete que aparece caratulado “Lagomarsino, Diego Ángel y otros sobre averiguación de delito”, en los que la AFIP es querellante. Precisamente una definición desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales era una de las señales esperadas desde Comodoro Py, argumento que era una manera de justificar la demora. Los recursos de queja datan de 2017 y 2018 y hasta esta semana tampoco habían tenido movimientos.

Sin embargo, la causa por lavado, abierta luego de que la jueza Sandra Arroyo Salgado echara luz sobre la existencia de una cuenta que Nisman compartía con Lagomarsino y que este último justificó como un pedido especial del fiscal está abierta desde 2015 sin avance alguno. Por eso, con la firma de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hubo una orden directa para que Bonadio la active. “A la luz del letargo que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita”, indicaron en un fallo que se expedía sobre una medida cautelar, en apariencia menor.

La secuencia también fue curiosa. El juez original de la causa de lavado fue Rodolfo Canicoba Corral, apartado por la Cámara luego de atribuirle ausencia de imparcialidad debido a una serie de declaraciones públicas que el magistrado hizo sobre Nisman. Allí el sorteo benefició a Bonadio quien congeló las indagatorias que había convocado su antecesor para todos los imputados y las dejó en un limbo que fue acompañado por todo el expediente que no tuvo más novedades en estos años.

La Cámara Federal también tomó la decisión de apurar a Bonadio a partir de un recurso singular: fue en un reclamo del empresario Claudio Aníbal Picón para que le devuelvan la camioneta Audi Q3 que utilizaba Nisman pero que en realidad pertenecía a la firma Palermopack SA. Bonadio se negó porque consideró que podría terminar decomisada ante la chance de que se pruebe que su compra estuvo ligada a activos de origen delictivo. Picon se quejó de que habían pasado cuatro años y la causa estaba en estado “incipiente”, mientras el auto se desmejoraba. Pidió que se la entreguen como “depositario judicial”, algo a lo que la Cámara accedió al reprender al juez.

Desde su hallazgo, estacionada en las torres Le Parc de Puerto Madero se trazaron una serie de hipótesis respecto a la vinculación, por coincidencias societarias, de la empresa dueña del vehículo que utilizaba el fiscal con una serie de personas en común con el ex-CIA Frank Holder. Pese a los indicios, tampoco se intentó indagar en esa relación.

Los últimos movimientos de la causa datan ambos de 2016. Casación confirmó como válido para la investigación el informe de la FINCEN que había sido cuestionado por las defensas. Era la puerta de entrada para conocer no solo los movimientos de la cuenta sino quienes y por qué habían depositado los fondos hallados que no tenían justificación aparente. Y también el aporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay que informó un detalle extenso de actividad bancaria de familiares de Nisman y del propio fiscal en ese país, incluyendo los antecedentes referidos por el BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank, el Discount Bank, el Heritage y el Santander. En ese informe estaba la promesa de compra de tres unidades de un condominio denominado Pueblo Mío a nombre de la madre de Nisman por u$s 288.035. Sara Garfunkel figuraba como propietaria de esas tres unidades de propiedad horizontal, ubicadas en localidad de Manantiales, partido de Maldonado. El 9 de enero de 2015 la firma comercializadora recibió una transferencia de u$s10 mil proveniente de la cuenta del Merrill Lynch de Estados Unidos.