Raúl Zaffaroni y el también argentino Gustavo Ferreyra son los abogados que defenderán a Evo Morales en las causas que se le siguen en Bolivia. Dos fiscales bolivianos emitieron un pedido de detención del ex mandatario
El depuesto presidente de Bolivia Evo Morales presentó a los abogados argentinos Gustavo Ferreyra y Eugenio Raúl Zaffaroni como sus asesores letrados frente a la "persecución jurídica" de la que es objeto en su país, donde ya acumula tres causas abiertas por delitos de sedición y terrorismo, entre otros, y en estrados internacionales.
Morales destacó en conferencia de prensa el respaldo de estos "grandes abogados, no sólo de la Argentina sino de Latinoamérica y, quién sabe, del mundo", e informó que también cuenta con la asesoría del ex juez español Baltasar Garzón para las causas que se puedan tramitar en tribunales europeos.
"Bolivia no es un Estado constitucional; está fuera del mundo, es un Estado donde no existe la fuerza regulada racionalmente, es de pura fuerza bruta", aseveró Ferreyra, quien dijo que esta situación de Bolivia "es un llamado de atención al estado argentino, que de ninguna manera puede aceptar un eventual pedido de extradición que pudiera llegar desde ese Estado irregular".
"El actual gobierno de facto de Bolivia no es reconocido por la Argentina, por lo tanto no debería responder a ninguna solicitud de ese gobierno", señaló Ferreyra.
Luego el ex juez de la Corte Suprema Zaffaroni agregó que la Constitución argentina establece que no es viable conceder extradiciones de personas por delitos de sedición, que son de naturaleza política. "Y en segundo término, pensando en el estatuto del refugiado político, no es viable conceder la extradición de personas cuando en su país corre riesgo su vida, y hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" en un caso de Perú, recordó.
Por otra parte, Ferreyra y Zaffaroni destacaron que la Asamblea Legislativa boliviana no ha podido reunirse para aceptar o rechazar la renuncia que presentó Morales el último 10 de noviembre, "de modo que estamos frente al presidente constitucional de Bolivia, cuyo mandato vence el próximo 22 de enero", al igual que el de todos los legisladores, lo que plantea un nuevo escenario.
La presidenta Jeanine Áñez, quien fue designada por un cuerpo que sesionó sin quórum para ser promovida primero de la segunda vicepresidencia a la presidencia del Senado -para poder quedar en la línea de sucesión presidencial- y luego a la jefatura interina del Estado, también concluye su mandato como senadora por el departamento de Beni.
"La propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 ha dispuesto que todos los actos de quienes son usurpadores del poder o ejercen potestades que no les han sido asignadas son nulos de nulidad insanable", añadió Ferreyra.
"El camino institucional que queda para reparar el daño que ya está hecho es que el 23 de enero próximo asuma el presidente de la Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y de inmediato convoque a elecciones", añadió Zaffaroni.
Dos fiscales bolivianos emitieron días atrás un pedido de aprehensión para llevar a Morales a declarar por la fuerza en la causas por presunta sedición que se le abrió a partir de un audio en el que una voz llama a resistir al gobierno de facto con violencia en las calles y que los denunciantes afirman sería del ex presidente. Ese pedido, aseguró Zaffaroni, no traspasó las fronteras de Bolivia.
"Es un pedido planteado por dos fiscales, ni siquiera por la Justicia, y el colega Garzón nos informa desde Europa que no hay ningún pedido de captura que se haya cursado a la Interpol, y si eso llegara a pasar sería igualmente nulo", afirmó el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia argentina.
Respecto de las derivaciones internacionales de la situación de Bolivia, Zaffaroni anticipó que en su calidad de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se excusaría de inmediato si el tema llegara a ese tribunal, por "las violaciones que se han registrado desde el golpe de Estado".