Tras la polémica por las excepciones de los regímenes especiales al congelamiento de la movilidad jubilatoria dispuesta por la ley de emergencia, el Poder Ejecutivo decidió volver sobre sus pasos y ampliar las sesiones extraordinarias para que se debata una norma elimine estas jubilaciones de privilegio que, en primer término, habían quedado afuera de las regulaciones.

La controversia estalló en horas de la mañana de ayer tras la media sanción que le dio Diputados, de madrugada, a la denominada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva cuyas excepciones vulneraban el espíritu solidario que intentaban enarbolar desde el oficialismo y en especial el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Fue un desastre, porque le pedíamos esfuerzo a los jubilados y por otro lado había estos beneficios. Alberto se molestó y ordenó cambiarlo. El proyecto original no lo contemplaba sino que las excepciones se dieron en las charlas en Diputados por pedidos de docentes o científicos, por ejemplo", se excusó ayer por la tarde un funcionario en diálogo con POPULAR en los pasillos de la Casa Rosada.

Fue en este contexto, que el gobierno reaccionó y, en primer término, deslizó que iba a convocar a una comisión desde el próximo lunes para avanzar "sobre las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores" en el marco del artículo 51 de la mencionada ley.

Tras una reunión del presidente de la Nación con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ayer por la tarde estuvo reunido en Balcarce 50, se decidió trabajar en los próximos días para limitar este tipo de beneficios. Nada se dijo de los que perciben ex presidentes y ex legisladores, que quedarían afuera de las eventuales restricciones sancionadas por su paso por el Congreso de la Nación.

Hacia el mediodía en el gobierno explicaban que los regímenes especiales habían sido dejados de lado para un estudio más detallado "dada la heterogeneidad pero vamos a cumplir con la elaboración de los proyectos de ley de modo tal de reforzar el carácter redistributivo y solidario que deben tener todos los sistemas previsionales".

En verdad, las altas prestaciones que perciben, por caso los ex diplomáticos, estaban en la mira en la frustrada reforma previsional que tenía pensada el macrismo en caso de lograr la reelección el pasado 27 de octubre en los comicios nacionales.

Otro de los argumentos oficiales de ayer, tratando de bajar la espuma de la polémica que en ese momento afloraba por redes sociales y por el debate público en general, era que "ahora vamos a tratar de bajar estas jubilaciones de privilegio sin que abran juicios contra el Estado". El nombre de Badaro volvía a escucharse en los principales despachos del gobierno, recordando a quien puso en jaque al gobierno de Cristina Kirchner y que acarreó un sinfín de juicios que terminó decantando en la Ley de Reparación Histórica enarbolada por el gobierno de Mauricio Macri.

Estas especulaciones quedaron atrás, pasadas las 17.30 cuando Alberto Fernández, a través de su cuenta de la red social Twitter, dijo que "con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)". Al parecer, seguirían con la movilidad vigente los regímenes de ex presidentes y ex legisladores. "Se pueden incluir en el debate", se esperanzó la fuente gubernamental consultada. Los legisladores, rápidos de reflejos, fijaron que las sesiones podrían realizarse los martes, jueves y viernes en el Senado.

Con todo, el Ejecutivo planteó en la norma que en 180 días dicha comisión integrada "por representantes de los MINISTERIOS DE ECONOMÍA y de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y miembros de las comisiones competentes en la materia del CONGRESO DE LA NACIÓN, para que el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al CONGRESO DE LA NACIÓN las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales".

Es el mismo plazo que tendrá el Parlamento para definir una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones regulares, tras la suspensión impuesta para la aplicada por el gobierno macrista hace exactamente dos años entre piedras y amenazas de invasión al recinto de las deliberaciones.

Mientras tanto, ayer el presidente, en su hilo de Twitter, reveló que más allá de las dos cuotas de $5 mil previstas para quienes perciben el haber mínimo, hasta tanto no se resuelva el nuevo cálculo previsional, el Ejecutivo dispondrá de subas trimestrales.

Es que uno de los puntales del discurso albertista había sido la necesidad de recomponer en forma inmediata el haber jubilatorio castigado por la inflación de los últimos años. Tras la polémica por el congelamiento de la movilidad sancionada en 2017 -que justamente este año iba a empardar el costo de vida- y las excepciones para jubilaciones de privilegio, con las medidas anunciadas ayer se intentó minimizar la controversia.

En el día de ayer estuvo de visita por el palacio de gobierno el ex jefe de gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, que visitó a "un amigo", Fernando ‘Chino’ Navarro, secretario de política y relaciones parlamentarias de Jefatura.

Con todo, surgieron críticas de la oposición: los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron al oficialismo "por ocultar qué regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazaron que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados".

Los primeros casos citados parecería que van a estar afectados por las nuevas regulaciones pero hay dudas sobre los otros beneficiados, los sindicados como integrantes de ‘la casta política’.