Julio Nazareno, integrante de la Corte Suprema de Justicia entre 1990 y 2003 y presidente del máximo tribunal desde 1993, murió anoche en la Clínica Otamendi donde estaba internado producto de una enfermedad pulmonar crónica producto de su tabaquismo.

Nazareno renunció a su cargo en 2003 para evitar el juicio político en su contra iniciado en la Cámara de Diputados a instancias del gobierno de Néstor Kirchner.

Según recordó este viernes Página/12, el ex presidente Kirchner lo había acusado por extorsión y le había reclamado particularmente al Congreso que juzgara "a la triste y célebre mayoría automática de la Corte Suprema".

Nazareno comenzó su carrera en el Ministerio Público de La Rioja, donde trabajó 25 años, desde donde llegó a la intendencia de la ciudad de La Rioja y entre 1986 y 1990 fue juez del Tribunal Superior de Justicia de su provincia natal. Aparte de sus cargos públicos, fue socio del estudio jurídico de Eduardo Menem, hermano del presidente Carlos Menem.

Fue precisamente Menem quien lo designó en 1990 ministro de la Corte Suprema, cuando el presidente amplió el número de jueces de cinco a nueve (Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano).

Esta decisión supuso que los jueces afines votaran a favor de varias de las medidas más polémicas del presidente Menem, entre ellas la privatización de Aerolíneas Argentinas y la absolución del entonces empresario y hoy presidente Mauricio Macri en el llamado “Caso Macri”, una causa por contrabando de autopartes en la que estuvo involucrada la firma Sevel que el actual mandatario conducía junto con su padre, Franco Macri.

De hecho una de las razones que esgrimió la Cámara de Diputados para promover el juicio político contra Nazareno fue su actuación en el caso Macri. El expediente judicial que involucró a los Macri se había iniciado por una denuncia que en 1994 realizó la DGI por presunto contrabando y evasión fiscal por parte de Sevel.

Según la DGI, esa empresa enviaba autopartes a Uruguay bajo el régimen de exportaciones definitivas, con las cuales se armaban coches que después eran importados a la Argentina. El organismo recaudador estimó que esa maniobra perjudicó al fisco en alrededor de 55 millones de dólares.

Cuando la apelación de los Macri llegó a la Corte, los supremos rechazaron la causa sin dar los fundamentos del caso. Tras el escándalo, diputados denunció que la mayoría automática "consolidó la impunidad de Macri".